Loretta Preska, jueza de Nueva York, decidió acceder al pedido del gobierno argentino de no entregar unos US$16.000 millones del fallo adverso por la «expropiación irregular» de YPF, pero ordena a Argentina aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos.
28 de Noviembre de 2023
Según el especialista Sebastián Maril, quien viene siguiendo en detalle este juicio y tiene acceso a fuentes vinculadas con los fondos de inversión litigantes, “la Argentina tiene hasta el 5 de diciembre para depositar garantía. No lo va a hacer. El presidente electo Javier Milei asume el 10 de diciembre. Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente electo “pronto”. Hay caminos para resolver esto. Hay ganas de dialogar”, dijo Maril en su cuenta de la red social X.
La noticia se conoce en un momento particular para la acción de la empresa. Pocas horas después de imponerse en la segunda vuelta electoral, Milei anunció que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada. Tras ese anuncio y el resultado electoral, la acción de YPF tuvo una histórica suba de precio de casi 40 por ciento.
El proceso judicial en EEUU
El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país, incluidos fallos en contra en cámaras de apelaciones y la rotunda negativa de la Corte Suprema de EEUU a analizar el caso. A fines de marzo de este año, Preska había dicho que el Estado argentino expropió mal la petrolera –YPF fue exculpada de todo cargo– y lo condenó a resarcir a los demandantes.
Seis meses más tarde, a inicios de septiembre de este año, la jueza volvió a fallar en contra de la Argentina.
En ese momento, Burford, un fondo que cotiza en la bolsa de Londres y se especializa en comprar juicios, negociar con ellos y litigar durante años por los beneficios económicos, dijo que el resarcimiento debía rondar los US$16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, indicó que esa cifra era de USD 5.000 millones.
Apenas una semana después, Preska dejó firme la sentencia, condenando al Gobierno argentino a pagarle a Burford Capital los USD 16.000 millones por haber realizado mal la expropiación de YPF en 2012. Al Estado aún le quedan instancias de apelación, pero desde entonces comenzaron a correr intereses de entre 5 y 6 por ciento.
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