La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Hasta ahora, la magistrada había difundido dos fallos que en el derecho estadounidense se llaman de “opinión y orden”, pero faltaba la sentencia final en la que figura el monto definitivo. El estado argentino deberá indemnizar a los fondos Burford e Eton Park con la suma de casi US$16.100 millones. A partir de ahora, el país puede apelar el fallo.
El Estado argentino deberá pagar US$14.385 millones al fondo Burford Capital (US$7533 millones de daños y US$6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y US$1714 millones a Eton Capital (US$897,7 millones de daños y US$816,6 millones de intereses). Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.
Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.
Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.
En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’“, dijo la magistrada, en el fallo de la semana pasada.
