El ex presidente Alberto fernández habló por primera vez sobre la acusación en su contra por los gestores que obtenían comisiones millonarias en el mercado asegurado de las instituciones gubernamentales.
29 de febrero de 2024
Hace unos días el gobierno destapó una olla de corrupción al desactivar una decisión tomada por el ex presidente Alberto Fernández durante su gestión, que le ordenaba a los organismos del Estado tramitar sus pólizas a través de Nación Seguros, pero al mismo tiempo permitía la intervención de brokers privados y amigos, los cuales habrían cobrado comisiones por encima de los valores de mercado.
Ahora se investiga un presunto negocio de 20.000 millones de pesos destinado a favorecer a empresarios amigos del anterior gobierno. El caso ya llegó a tribunales y Alberto Fernández es uno de los denunciados. Se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, violación de deberes del funcionario y abuso de poder, debido a los contratos realizados en favor de Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.
Fernandez negó haber realizado gestiones con funcionarios para contratar a Martínez Sosa y aseguró que tampoco le pidió a Cantero, su secretaria, que lo hiciera.
“Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó», aseguró el ex presidente a La Nación.
Fernández afirmó que el Decreto 823 de 2021, firmado por él, estableció la obligatoriedad para los entes públicos de contratar a Nación Seguros, con el objetivo de eliminar la intermediación que permitió la aparición de gestores bajo sospecha.
AH PERO MACRI
Según Fernández, el decreto estipulaba que las contrataciones debían realizarse de manera directa, con el fin de terminar con el sistema implantado durante la administración de Mauricio Macri. Fernández considera que dicho sistema dio lugar a “muchos negocios”.
De acuerdo a la denuncia que está en la justicia, la práctica implicaba que las dependencias estatales canalizaran los contratos a través de Nación Seguros, entidad que contrataba a un corredor y a empresas privadas, algunos vinculados a Fernández y el ex ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa.
Pablo Torres García, dueño de Cerro Bayo y cercano a Massa, fue uno de los intermediarios. Lo mismo Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.
El ex presidente asegura que nunca habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario del Estado, con comisiones millonarias. Hay distintos documentos que señalan que los acuerdos entre Martinez Sosa y otros productores fueron firmados antes y después del decreto emitido por Fernández.
